CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el gobierno federal revisará la actuación del antiguo Poder Judicial en casos relacionados con el presunto “huachicol” fiscal, al recordar que la empresa Ingemar S.A. de C.V., señalada por un presunto esquema de contrabando de combustibles relacionada con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ya que recuperó su permiso de importación mediante un amparo.
Al ser cuestionada sobre si el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras dependencias analizarán el papel que desempeñó el anterior Poder Judicial al conceder resoluciones que favorecieron a empresas investigadas por este delito, la mandataria respondió sí.
“Sí, por supuesto, qué bueno que lo recuerdas. En efecto, se le quitó el permiso y fue un amparo el mecanismo a través del cual se lo regresaron”, declaró.
Sheinbaum recordó que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se retiró el permiso de importación a Ingemar; sin embargo, una resolución judicial obligó a restituirlo, lo que permitió que la empresa continuara operando.
La Presidenta explicó que la investigación de la Fiscalía General de la República, que lleva alrededor de un año, documenta un esquema de importación ilegal de combustibles mediante la subdeclaración de volúmenes o el reporte de mercancías distintas al combustible para evadir el pago de impuestos.
Indicó que las indagatorias comenzaron luego de que autoridades detectaron ferrotanques abandonados en Coahuila, lo que permitió identificar a Ingemar S.A. de C.V. como la empresa responsable de las importaciones bajo investigación.
Asimismo, afirmó que existen “muchísimas pruebas” contra el grupo investigado y señaló que, de acuerdo con estimaciones de la Fiscalía General de la República, el presunto fraude ocasionó un daño superior a 4 mil 500 millones de pesos a la Hacienda pública.
Como parte de las medidas para combatir el huachicol fiscal, Sheinbaum destacó que la Secretaría de Energía fortaleció los mecanismos de trazabilidad de los combustibles y el intercambio de información entre Pemex, el SAT y la UIF para detectar operaciones irregulares.
EL UNIVERSAL publicó este lunes que según la orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo y otras 24 personas, la FGR lo considera “un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”.
Ruffo Appel es acusado de delincuencia organizada y contrabando y transferencias por 18 mdp. Ingemar movió 163 carrotanques hasta con 100 mil litros de hidrocarburo que no fueron declarados.
Sheinbaum revisará actuación del antiguo Poder Judicial
