Entre 2024 y 2026, al menos siete alcaldes y exalcaldes del Estado de México han enfrentado vinculación a proceso. Es decir, han sido acusados penalmente, luego de lo cual, algunos han ido a la cárcel. Otros enfrentan sus procesos en libertad bajo medidas cautelares. Se trata de un lamentable espectáculo que se ha vuelto recurrente pero, al mismo tiempo es preocupante.
Los dos más recientes casos, el del alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, procesado por abuso de autoridad tras irrumpir armado en un club privado; o el de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, vinculada por la presunta simulación de su propio secuestro para encubrir un desfalco; se suman a una lista más amplia que incluye detenciones de la llamada Operación Enjambre por extorsión, nexos con el crimen organizado y abuso de poder.
Este fenómeno no puede verse sólo como casos personales, “manzanas podridas” individuales. Más bien, me parece que refleja fallas estructurales profundas en la gobernanza local que, de persistir, no dejarán de presentarse escándalos como los que hemos presenciado en los últimos años. Sí, se trata de ver que tenemos instituciones municipales frágiles que, combinadas con la idea de que ser alcalde es poseer un feudo personal para hacer y deshacer, generan un caldo de cultivo para este tipo de casos.
Hay que decirlo como es: la gobernanza local en México, y muy especialmente en el Edomex, opera bajo condiciones de alta vulnerabilidad institucional. Los municipios mexiquenses (entre ellos los más poblados de todo el país) manejan presupuestos considerables —obras públicas, nómina, seguridad y servicios— pero carecen de contrapesos efectivos y de capacidades técnicas consolidadas. La dependencia de participaciones federales y estatales genera incentivos perversos: los recursos llegan con discrecionalidad suficiente para ser desviados, pero con fiscalización tardía o selectiva.
Somos la entidad más poblada y la segunda con mayor actividad ecnómica del país, estamos conurbados a la Ciudad de México y hay presencia de grupos criminales como La Familia Michoacana. En un entorno así, la fragilidad institucional de los ayuntamientos se vuelve explosiva. Recordemos los casos de Amanalco o Santo Tomás de los Plátanos, en los que quedó evidenciado cómo el crimen organizado captura ayuntamientos enteros: alcaldes que terminan cobrando o pagando cuotas, asignando obras a jefes de plaza o tolerando extorsiones a cambio de “paz” relativa. La Operación Enjambre, que ha dejado varios ediles detenidos, no es un exceso persecutorio, sino la consecuencia lógica de años de vacuidad institucional. Cuando la institucionalidad local es débil, otros actores —cárteles, intereses privados o redes clientelares— llenan el vacío.
Pero dicha fragilidad no es accidental. El diseño constitucional mexicano otorga a los municipios autonomía nominal, pero en la práctica los deja expuestos. La rotación permanente de administraciones impide la acumulación de capacidad institucional. Cada que llega un equipo nuevo, muchas veces sin experiencia administrativa, su prioridad es recompensar lealtades políticas más que construir un entramado institucional de carácter profesional. Las contralorías municipales dependen directamente del alcalde, y las auditorías superiores llegan con retraso. El resultado es una gobernanza con mucha capacidad poder para dañar, pero insuficiente para gestionar con integridad.
A esta fragilidad estructural hay que sumarle la personalización del poder, un rasgo cultural y político profundamente arraigado en el México municipal. El cargo de alcalde sigue evocando, en muchos casos, la figura del cacique o el pequeño soberano local. El presidente municipal no se percibe como un administrador temporal sujeto a ley, sino como el dueño temporal del territorio. Esta mentalidad se manifiesta en abusos de autoridad explícitos —como el uso de escoltas armados para dirimir disputas personales— o en maniobras más sofisticadas para ocultar irregularidades financieras.
La personalización tiene raíces históricas y sistémicas. Se sabe que los partidos políticos seleccionan sus candidatos priorizando capacidad de movilización, lealtades faccionales o recursos informales sobre probidad y competencia técnica. En un entorno competitivo como el Edomex, prevalecen perfiles “duros” que saben operar en zonas grises. Una vez en el cargo, el alcalde concentra poder discrecional: nombra y remueve funcionarios clave, decide contrataciones directas y maneja recursos con escaso escrutinio real.
Esta concentración personal genera un círculo vicioso. El alcalde personalista debilita aún más las instituciones (cooptando contralorías, presionando regidores, estigmatizando críticos), lo que a su vez facilita abusos que eventualmente atraen la atención de fiscalías estatales o federales. Los casos de Metepec y Tenancingo son paradigmáticos: comportamientos autoritarios y financieros opacos que explotan precisamente porque los controles internos son inexistentes o capturados.
La mirada del politólogo diría que esto encaja en conceptos como el neopatrimonialismo o los regímenes personalistas. Dicho en términos más sencillos, la mayoría de los alcaldes en la entidad, no ejerce el cargo en nombre de una institución impersonal, sino como extensión de lo que ausme como su liderazgo personalísimo. En contextos de fragilidad institucional, la personalización no es un accidente de carácter, sino una estrategia racional de supervivencia política: quien no construye lealtades personales y redes clientelares pierde el control rápido. El problema es que esta racionalidad individual es desastrosa para la calidad institucional colectiva.
Las consecuencias van más allá de los escándalos mediáticos. Primero, erosión de la legitimidad democrática: cuando los ciudadanos ven a sus alcaldes procesados por corrupción o abuso, la confianza en las instituciones locales se derrumba. Esto alimenta cinismo, abstencionismo y apoyo a outsiders autoritarios que prometen “mano dura”. Segundo, vacíos de poder que el crimen organizado explota con rapidez: un alcalde debilitado por investigaciones es un actor aún más vulnerable a presiones externas. Tercero, desigualdad en la aplicación de la justicia: la judicialización parece más intensa en municipios visibles o políticamente estratégicos, mientras que en otros la impunidad persiste.
Si analizamos la tendencia de los últimos tres años, el patrón es claro y predecible. Mientras no cambien los entornos institucionales, habrá más casos. La combinación de gobernanza frágil y personalización del poder crea incentivos estructurales para el mal comportamiento. No se trata de falta de leyes —existen múltiples— sino de ausencia de mecanismos efectivos de control (contralorías independientes, burocracia profesional) y vertical (participación ciudadana real y prensa libre).
Sin reformas profundas, seguiremos condenados a ciclos repetitivos: escándalo, detención o vinculación, indignación temporal y luego olvido hasta el próximo caso.
¿Qué ajustes institucionales se requieren? En primer lugar, profesionalización de la gestión municipal: servicio civil de carrera local, con perfiles técnicos protegidos de cambios partidistas. En segundo, contralorías realmente autónomas, con designación multipartidista y recursos propios. Tercero, transparencia en tiempo real de presupuestos y contrataciones, con plataformas digitales auditables por ciudadanía, la academia y los medios informativos. Cuarto, coordinación multinivel efectiva: el gobierno estatal y federal deben dejar de tratar a los municipios como feudos y asumir mayor responsabilidad en capacitación, seguridad y fiscalización preventiva, especialmente en zonas de alto riesgo criminal. Quinto, cambiar el tipo de mirada para la selección de candidatos que opten por perfiles con trayectoria ética verificable y pongan límites más estrictos al financiamiento opaco de campañas electorales. El Estado de México, por su tamaño, complejidad y cercanía al poder federal, es un laboratorio crítico. Si no logramos fortalecer la gobernanza municipal aquí, será difícil hacerlo en el resto del país. La democracia mexicana se consolida —o se descompone— también en los ayuntamientos. Mientras alcaldes sigan comportándose como caciques en instituciones frágiles, los procesos judiciales continuarán siendo noticia recurrente. La pregunta no es si habrá más casos, sino cuándo y a qué costo para la confianza ciudadana y la estabilidad local. Es hora de pasar de la judicialización reactiva a la reforma institucional preventiva. De lo contrario, seguiremos gestionando síntomas de una enfermedad crónica
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