CIUDAD DE MÉXICO, julio 11 La senadora Juanita Guerra Mena presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Guardia Nacional y a las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones de vigilancia, investigación, monitoreo y denuncia contra la comercialización, distribución y oferta ilícita de equipos inhibidores de señales de telecomunicaciones, conocidos como “jammers”, que continúan ofertándose a través de plataformas digitales, redes sociales y sitios de comercio electrónico.
Señaló que las telecomunicaciones constituyen un servicio público de interés general y un elemento estratégico para el funcionamiento del Estado mexicano, ya que garantizan el ejercicio de derechos fundamentales, la atención de emergencias, la protección civil y la seguridad pública.
En ese contexto, la legisladora del Partido Verde advirtió que cualquier interferencia indebida en las redes de comunicación representa un riesgo para la población y para la operación de las instituciones encargadas de la seguridad.
Explicó que los “jammers” son dispositivos electrónicos diseñados para generar interferencias intencionales en las frecuencias utilizadas por las redes de telecomunicaciones, impidiendo la transmisión y recepción de señales de telefonía móvil, internet inalámbrico, sistemas de posicionamiento global y radiocomunicación.
La legisladora advirtió que su uso puede interrumpir llamadas de emergencia, obstaculizar operaciones de rescate, afectar sistemas de localización y comprometer la coordinación institucional en situaciones de riesgo.
Recordó que el artículo 168 Ter del Código Penal Federal establece penas de 12 a 15 años de prisión para quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, porte, use u opere equipos que bloqueen, cancelen o anulen señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos e imagen.
Asimismo, destacó que el 24 de enero de 2024 entró en vigor la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y al Código Penal Federal, mediante la cual quedó prohibida la fabricación, comercialización, adquisición, instalación, portación, uso y operación de estos dispositivos, con excepción de las autoridades facultadas por la legislación vigente.
Sin embargo, advirtió que, pese a la prohibición legal, existen plataformas digitales y sitios de comercio electrónico donde estos equipos continúan ofreciéndose al público, situación que facilita su adquisición y uso indebido para la comisión de delitos y la afectación de servicios estratégicos del Estado.
PVEM busca prohibir venta de jammers
