Instruyen a la FGR investigar filtración de fotos de Gilda

La jueza de Control Nora Ileana García Peralta ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una carpeta de investigación por la filtración a medios de comunicación de fotografías y un video de la detención de la hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien ayer viernes fue puesta en libertad provisional.
Lo anterior, derivado de la inconformidad manifestada por la defensa de Gilda Susana Lozoya Austin por la difusión de dicho material, en el que se ve a la mujer detenida, esposada y resguardada por agentes de la Marina y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Durante la audiencia del viernes, el abogado Alejandro Rojas Pruneda se quejó de que se violentaron los derechos humanos y se estigmatizó a su defendida —Gilda Susana— con la exhibición de su imagen.
Ante la jueza electa por voto popular, Nora Ileana García Peralta, el litigante acusó que al salir de la primera audiencia realizada el jueves en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, ya no sólo eran fotografías de la captura, sino un video del momento en el que una agente de Interpol lee sus derechos a su cliente esposada.
La hermana de Emilio Lozoya fue detenida a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) procedente de Ámsterdam.
Esta semana, la Fiscalía General de la República acusó formalmente a Gilda Susana Lozoya Austin de beneficiarse de los sobornos que el empresario Alonso Ancira Elizondo, exdirector de Altos Hornos de México, le dio por la compra a sobreprecio de la planta chatarra de fertilizantes Agronitrogenados.
Asimismo, la defensa de la imputada insistió en que la difusión del material audiovisual podría afectar el debido proceso, al considerar que la exposición mediática del caso genera un juicio paralelo que vulnera la presunción de inocencia. Por ello, solicitó a las autoridades ministeriales reforzar las medidas para evitar nuevas filtraciones relacionadas con la carpeta de investigación.
En tanto, la FGR deberá integrar las diligencias ordenadas por la jueza para determinar el origen de la filtración y deslindar posibles responsabilidades administrativas o penales de los servidores públicos que hayan difundido las imágenes y el video de la detención.