La FGJEM investiga un esquema de plazas docentes irregulares que habría operado desde 2021 y causado un daño millonario al erario.
Toluca/Estado de México
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de 26 personas por su presunta participación en una red que habría operado desde 2021 mediante la asignación irregular de plazas docentes a personas que no realizaban las funciones para las que fueron contratadas, esquema conocido como “aviadores”, con el que se investiga un presunto desvío superior a 96 millones de pesos entre enero de 2025 y febrero de 2026.
Como parte del proceso, 27 personas detenidas por orden de aprehensión permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. La situación jurídica de un investigado aún está pendiente de resolverse y otros cinco promovieron juicios de amparo contra las órdenes de aprehensión.
La investigación inició tras las denuncias presentadas por el Gobierno del Estado de México, a través del representante legal de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (SECTI), los días 11 y 26 de febrero, así como el 4 de mayo de este año, por 459 movimientos de alta de personal en plazas docentes correspondientes a personas que, según las indagatorias, nunca desempeñaron funciones.
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De acuerdo con la Fiscalía, en el esquema habrían participado dos exsubsecretarios de la administración estatal 2017-2023, además de coordinadores, delegados administrativos, directores, subdirectores y personal de distintas áreas de las secretarías de Finanzas, Educación y Seguridad, así como de la Oficialía Mayor y de la propia SECTI en la actual administración. Las investigaciones también identificaron vínculos familiares y de confianza entre varios de los involucrados, lo que permitió mantener la operación aun cuando algunos funcionarios dejaban sus cargos.
Las indagatorias revelan que las altas se realizaban sin cumplir los requisitos administrativos indispensables para ingresar como docente. Pese a ello, los registros eran incorporados tanto al Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal (SIGAP) como a la plataforma de nómina “META 4”, desde donde se autorizaban los pagos.
La Fiscalía señala que varios de los implicados participaron previamente en el desarrollo de la plataforma “META 4” y posteriormente ocuparon puestos estratégicos dentro del gobierno, desde los cuales habrían facilitado el funcionamiento de la red.
Uno de los antecedentes de la investigación corresponde a la detención de Juan Alberto “N”, ocurrida el 19 de diciembre de 2021 en Toluca, cuando llevaba 164 tarjetas bancarias de servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad y 180 mil pesos en efectivo.
Durante esa investigación, Rodolfo Alejandro “N”, entonces superior jerárquico del detenido, declaró que: “Juan Alberto tenía instrucciones y funciones asignadas para brindar apoyo en gestiones bancarias cuando presentaban fallas las tarjetas y por eso las tenía en su poder”.
Asimismo, Eduardo “N” manifestó que “él le prestó a Juan Alberto el dinero en efectivo que tenía en su poder al momento de ser detenido y le había firmado un pagaré”. Otras personas también comparecieron con versiones similares.
Las investigaciones establecen que existían personas encargadas de reclutar principalmente a familiares y conocidos, quienes eran registrados como docentes sin desempeñar actividades. Las tarjetas bancarias quedaban bajo control de los operadores del esquema, quienes retiraban el dinero y distribuían los recursos entre los integrantes de la organización.
Según la carpeta de investigación, algunos de los llamados “falsos docentes” recibían apenas seis mil pesos por permitir el uso de sus datos personales, mientras que por cada 200 mil pesos depositados como sueldo, el resto del dinero era distribuido entre quienes coordinaban la red.
La Fiscalía también documentó que personal operativo realizó decenas de altas irregulares, llegando algunos capturistas a registrar más de 70 movimientos, por los cuales presuntamente recibían cinco mil pesos por cada uno. Entre las estrategias para ocultar la actividad, realizaban registros durante la madrugada y alternaban las cuentas desde las que se efectuaban las capturas.
Las plazas eran asignadas a planteles educativos con claves de centros de trabajo inactivos ubicados en municipios como Almoloya de Alquisiras, Amecameca, Ecatepec, Luvianos, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tejupilco, Texcoco, Toluca, Zinacantepec y Zumpango.
El expediente también contiene mensajes enviados a los participantes para evitar ser detectados durante las auditorías. Uno de ellos señala:
“Amigos y familia, el día de hoy muy temprano recibí una llamada telefónica de nuestro contacto que nos estuvo ayudando, me dice lo siguiente. Están auditando las cuentas que amablemente la gran mayoría ya cancelaron, el tema con los auditores es que quieren rascarle para inculpar a alguien de los mandos dentro de los cuales está nuestro contacto… si reciben una llamada, o mensaje o en un caso muy extremo recibieran una visita en sus domicilios, nosotros nos libramos negando absolutamente todo… no hemos trabajado en el gobierno… nunca recibimos ningún beneficio del gobierno… jamás hemos tenido cuentas para el trabajo en gobierno. No conocemos a nadie en gobierno…” (sic).
La Fiscalía estima que únicamente entre enero de 2025 y febrero de 2026 la red obtuvo ilícitamente más de 96 millones de pesos, cifra que podría incrementarse si se acredita que el esquema operó de manera continua desde 2021. Además del dinero recibido por nómina, los involucrados también habrían obtenido prestaciones como aguinaldo, bonos y prima vacacional, además de conservar plazas docentes mediante licencias irregulares para obtener beneficios laborales futuros.
Las conductas investigadas fueron clasificadas como probables delitos de fraude y abuso de autoridad. El expediente también incluye información sobre presuntos bienes y gastos que, de acuerdo con la Fiscalía, no corresponden con los ingresos de servidores públicos, como viajes internacionales a París, Dubái, Las Vegas, China, Egipto e Islas del Caribe, además del uso de vehículos, accesorios de lujo e inmuebles de alta plusvalía.
Hasta el momento, la investigación integra 30 tomos con aproximadamente 12 mil fojas de pruebas. De los 33 investigados, seis son exservidores públicos, nueve pertenecen a la Oficialía Mayor, once laboraban en la SECTI, una persona se desempeña en la Secretaría del Bienestar y también fueron ejercitadas acciones penales contra personas registradas como “falsos docentes” que fungían como reclutadores. Otros cinco investigados permanecen pendientes de vinculación debido a los juicios de amparo promovidos en contra de las órdenes de aprehensión.
Datos
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