A menos de un año de la instalación formal del Tribunal de Disciplina Judicial, un organismo concebido bajo la bandera de erradicar la opacidad y el nepotismo, defensores de derechos humanos y organizaciones de jueces advirtieron que la institución está siendo utilizada como brazo político para perseguir el criterio judicial. Hasta el momento, se tienen contabilizados más de 40 casos de personas juzgadoras que enfrentan procedimientos de responsabilidad administrativa y suspensiones provisionales del cargo, que, además, en su mayoría pertenecen a la carrera judicial.
En entrevista con EL UNIVERSAL, María Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C. (AMJAC), y magistrada en retiro afirmó que los procedimientos no obedecen a faltas administrativas reales ni a actos de corrupción, sino a una represalia directa por haber admitido juicios de amparo y concedido suspensiones en contra de la reforma judicial de 2024 o bien por aplicar controles de convencionalidad internacional en materias sensibles como la prisión preventiva oficiosa.
Los expedientes ya están siendo documentados para ser presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y diversos comités de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Fue el 15 de septiembre de 2025 cuando nació formalmente el Tribunal de Disciplina Judicial, tras la publicación de una reforma al Poder Judicial que había sido aprobada un año antes, el 15 de septiembre de 2024.
En la exposición de motivos de la reforma, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó la necesidad de sustituir las funciones de vigilancia del antiguo Consejo de la Judicatura Federal (CJF) con el objetivo de combatir la corrupción, erradicar las redes de nepotismo y garantizar que los jueces cumplieran con tiempos procesales estrictos para agilizar la justicia penal y fiscal.
Denuncian jueces acoso del Tribunal de Disciplina
