Mucho más que aviadores
La investigación por la red de los llamados «aviadores» en el sector educativo dejó hace tiempo de ser un expediente sobre plazas irregulares. La indagatoria apunta ahora a una dimensión mucho mayor. Ya no se habla de una decena de involucrados, sino de al menos 25 personas sujetas a imputación, varias de las cuales incluso ya enfrentan procesos penales por otras causas. Conforme avanzan las investigaciones comienza a consolidarse una hipótesis mucho más delicada: que el saqueo de recursos públicos pudo formar parte de un mecanismo de financiamiento negro para las estructuras territoriales de operación electoral del antiguo régimen priista. Si esa línea logra acreditarse, el caso dejará de ser un episodio de corrupción administrativa para convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción política en la historia reciente del Estado de México. Y, de paso, dejará sin discurso a una oposición que hoy pretende presentarse como la alternativa de la honestidad y la eficacia, pero que todavía carga con demasiadas cuentas pendientes con la memoria.
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Las puertas giratorias
El fin de semana, durante una audiencia del caso de los llamados «aviadores» en los juzgados de Almoloya, reapareció uno de los personajes más controvertidos de la procuración de justicia mexiquense: Alberto Bazbaz. Primero, como asistente del público; después, como representante legal de una de las imputadas. En ambos momentos protagonizó un episodio que obligó a la jueza a suspender la audiencia tras dirigirle gritos e insultos. La escena no sólo exhibe una forma de litigar basada en el escándalo y la confrontación. También retrata con crudeza el funcionamiento de las puertas giratorias del poder: quienes ayer representaban al Estado, hoy defienden a quienes son investigados por el propio Estado. Bazbaz vuelve a demostrar que su recurso predilecto no es la solidez de los argumentos, sino la estridencia. El espectáculo podrá atraer reflectores, pero difícilmente sustituye a las razones. Y la justicia, por definición, debería decidirse con expedientes, no con gritos. Un dato que ayuda a entender el tamaño de esas viejas redes: Bazbaz asumió la defensa de la exsecretaria particular del detenido Óscar Guzmán porque su padre fue colaborador suyo años atrás. En el viejo régimen mexiquense, las lealtades cambian de oficina, pero rara vez cambian de dueño.
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La normalización de la estupidez
Lo verdaderamente inquietante del mensaje que el alcalde de Metepec lanzó el fin de semana, durante un acto oficial de gobierno, no fueron sus intentos por justificarse. Fue la absoluta normalidad con la que describió el asalto al Club La Asunción. En su lógica, un conflicto familiar puede desembocar naturalmente en empujones, golpes, escoltas armados y un despliegue de fuerza que dio la vuelta al país. Esa es la parte verdaderamente alarmante: convertir lo indebido en cotidiano y presentar lo inadmisible como si fuera apenas una discusión doméstica. Cada nueva explicación no corrige la anterior; la profundiza. Cada palabra añade una contradicción más a un relato que parece incapaz de reconocer la gravedad de los hechos. Normalizar la estupidez ya resulta degradante para cualquier servidor público. Trivializarla hasta convertirla en una explicación suficiente pertenece al terreno de la psiquiatría.
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Se mueve el gabinete
La elección de 2027 también comenzará a mover el gabinete de la gobernadora Delfina Gómez. Al menos dos integrantes aparecen ya en la ruta de una candidatura: una secretaria para competir por una alcaldía y otro secretario con la mira puesta en una diputación. No serán los únicos. Conforme avance el calendario político crecerán las definiciones y también los relevos. El próximo ajuste al equipo de la gobernadora no obedecerá a diferencias internas ni a crisis de gobierno, sino al inicio natural de la sucesión electoral. La reconfiguración ya comenzó, aunque todavía pocos la adviertan.
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La ética tiene calendario
La ley concede a quienes aspiran a otro cargo hasta principios de marzo de 2027 para separarse de sus responsabilidades públicas. Cumplir ese plazo los mantendrá dentro de la legalidad. Otra cosa muy distinta será mantenerse dentro de la ética. Gobernar y hacer campaña al mismo tiempo nunca ha sido una buena idea, aunque la legislación lo permita durante varios meses. Los ciudadanos pagan funcionarios de tiempo completo, no candidatos de medio turno. Quien ya decidió buscar otra responsabilidad debería tener la congruencia de dejar el cargo en cuanto tome esa decisión. La diferencia entre la legalidad y la integridad suele medirse precisamente ahí: en hacer únicamente lo que la ley obliga o hacer también lo que el deber público demanda. Las elecciones comienzan en las urnas, pero el carácter de los gobernantes empieza a revelarse mucho antes.
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Este miércoles regresa Conversatorio AD
Este miércoles inicia una nueva temporada de Conversatorio AD. Durante las próximas diez semanas recibiremos, en vivo, a diez presidentes municipales del Estado de México para conversar de frente con la ciudadanía, responder preguntas, escuchar críticas y atender propuestas, con participación completamente abierta. La nueva temporada abre con el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno. La esencia sigue siendo la misma: construir un puente directo entre gobernantes y gobernados. La invitación está hecha. Ahora la palabra también será de los ciudadanos.
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La normalización de la estupidez
