La detención de Óscar Guzmán Aragón no sólo representa la captura de un exfuncionario del gobierno de Alfredo del Mazo Maza. También coloca bajo investigación a uno de los operadores que administró una de las estructuras más sensibles del Poder Ejecutivo mexiquense: la nómina, los recursos humanos y buena parte de la operación administrativa del gobierno estatal.
La madrugada de este miércoles, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentaron una orden de aprehensión contra el exsubsecretario de Administración en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Condado del Valle, en Metepec. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), posteriormente fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
La Fiscalía mexiquense lo investiga por su probable participación en una red dedicada a la presunta venta ilegal de plazas dentro de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México.
Sin embargo, la relevancia del caso trasciende la propia detención
Detenido por presunta venta de plazas en el EDOMEX / Foto: Archivo AD
Óscar Guzmán ocupó primero la Dirección General de Personal entre septiembre de 2017 y abril de 2021 y posteriormente fue nombrado subsecretario de Administración, cargo desde el cual tenía bajo su responsabilidad áreas estratégicas relacionadas con la administración de recursos humanos, el manejo de la nómina y la operación administrativa del Gobierno del Estado de México.
En los hechos, fue uno de los funcionarios con mayor capacidad de decisión sobre la estructura burocrática estatal.
Su carrera política estuvo estrechamente ligada a Jorge Jarque Lira, entonces secretario de Finanzas del Estado de México. Desde esa dependencia se concentraba la administración interna del Poder Ejecutivo y el control de miles de trabajadores al servicio del gobierno estatal.
Además, Guzmán Aragón era identificado como integrante del grupo político de Víctor Curioca, quien ocupó la Subsecretaría de Administración durante la primera mitad del sexenio delmacista y fue considerado uno de los operadores con mayor influencia dentro de la estructura administrativa del gobierno mexiquense.
El nombre de Curioca trascendió en 2020, cuando fue vinculado a proceso por su presunta participación en la compra con sobreprecio de una aeronave Bombardier Challenger para la entonces Procuraduría General de la República. De acuerdo con la investigación federal, cuando se desempeñaba como director de Recursos Materiales de Banobras —institución encabezada entonces por Alfredo del Mazo— habría avalado la adquisición del avión por 19.6 millones de dólares, pese a que su valor estimado era de 16.4 millones.
Guzmán Aragón también mantenía una relación cercana con Herminio Cahue Calderón, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEyM). En distintas publicaciones difundidas en redes sociales aparecía junto al líder sindical, una de las figuras con mayor influencia dentro de la burocracia estatal.
La investigación que hoy enfrenta adquiere una dimensión distinta precisamente por las funciones que desempeñó. Como responsable de las áreas de personal y administración, tenía injerencia directa sobre los procesos relacionados con la asignación de plazas y el manejo de la estructura laboral del gobierno mexiquense.
0scar Guzman Aragon / Foto: Archivo AD
Hasta ahora, la Fiscalía no ha informado cuántos exfuncionarios más son investigados ni el alcance de la presunta red de corrupción relacionada con la venta de plazas. Tampoco ha precisado el número de espacios que habrían sido comercializados ni el posible daño patrimonial ocasionado al erario.
Más allá de la detención, el caso pondrá a prueba la capacidad de las instituciones mexiquenses para llevar hasta sus últimas consecuencias una investigación por presunta corrupción contra un exintegrante del primer círculo administrativo del gobierno de Alfredo del Mazo.
En caso de que la Fiscalía logre acreditar su responsabilidad y obtenga una sentencia condenatoria, el proceso podría convertirse en uno de los precedentes más relevantes en el combate a la corrupción dentro de la administración pública estatal, al involucrar a un exfuncionario que ocupó una posición estratégica en el manejo de la nómina y de los recursos humanos del gobierno mexiquense.
La sanción que eventualmente pudiera imponerse dependerá de los delitos específicos que el Ministerio Público decida imputar y de lo que, en su momento, determine un juez. No obstante, una eventual condena marcaría un precedente para la rendición de cuentas de exservidores públicos de alto nivel en el Estado de México y pondría bajo un nuevo escrutinio al grupo político que durante seis años administró una parte sustancial del aparato burocrático del gobierno encabezado por Alfredo del Mazo.
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