La posibilidad de una eventual salida de la alcaldesa de Tenancingo comenzó a instalarse en la discusión pública del Cabildo luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México solicitara audiencia de formulación de imputación en su contra por presuntos hechos relacionados con autosecuestro y desvío de recursos.
Aunque ninguna fuerza política ha planteado acciones concretas dentro del Ayuntamiento, las posturas expresadas por integrantes del Cabildo reflejan que el escenario ya forma parte de la conversación política local.
El cuarto regidor de Morena, Vicente Anaya Vázquez, sostuvo que hasta el momento el Cabildo no cuenta con información distinta a la difundida públicamente sobre el caso y afirmó que corresponde exclusivamente a las autoridades ministeriales determinar si existen responsabilidades y aplicar las sanciones que procedan.
“Si se cometió un delito, que se castigue. Nosotros no vamos a defender a nadie”, señaló.
El edil también reconoció que hasta ahora no se han realizado reuniones para definir una ruta institucional en caso de que la alcaldesa deba separarse del cargo, situación que evidencia que el Ayuntamiento aún no ha discutido formalmente escenarios administrativos derivados del proceso judicial en curso.
Desde una posición distinta, el quinto regidor y dirigente municipal de Movimiento Ciudadano, Dagoberto Mondragón González, consideró que la presidenta municipal debería solicitar licencia mientras se desarrolla el procedimiento judicial.
Nancy Nápoles / Foto: Archivo AD
Precisó que una eventual separación no debe interpretarse como una sanción anticipada ni como una declaración de culpabilidad, sino como una medida que permita preservar la estabilidad institucional y garantizar la continuidad de los servicios públicos para la población.
“Que no se entienda como una sanción anticipada ni como una declaración de culpabilidad, porque eso corresponde exclusivamente a las autoridades competentes; pero la legalidad, la seguridad, el bienestar y la continuidad de los servicios públicos para las familias tenancinguenses deben estar garantizados”, afirmó.
Por su parte, la regidora del PRI, Arianna Peña Manzano, lamentó que Tenancingo haya alcanzado proyección nacional por una investigación judicial y no por sus fortalezas económicas, culturales y turísticas.
La representante priista pidió que las autoridades conduzcan las investigaciones con apego a la legalidad y sostuvo que deberán ser las decisiones jurídicas y administrativas las que definan el rumbo institucional que seguirá el municipio durante los próximos días.
Alcaldesa de Tenancingo: Foto: Archivo AD
“Tenancingo requiere unidad, fortaleza y desarrollo”, expresó.
La regidora del Partido Verde Ecologista de México, Viridiana Jacobo Leguízamo, optó por una posición de cautela y señaló que esperará conocer el contenido de la investigación antes de fijar una postura definitiva.
Hasta el momento no existe convocatoria oficial para una sesión extraordinaria del Cabildo relacionada con el caso ni se han anunciado medidas administrativas específicas ante los distintos escenarios que podrían derivarse del proceso judicial.
Más allá de las diferencias partidistas, las declaraciones reflejan un cambio relevante en el clima político local. La discusión ya no gira únicamente en torno a la investigación judicial, sino también a la continuidad institucional del gobierno municipal y a los mecanismos que permitirían garantizar la gobernabilidad de Tenancingo si el proceso avanza hacia nuevas etapas.
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