La iniciativa Mariana Lima busca evitar omisiones y cierres prematuros de casos.
Toluca/Estado de México
Las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Procuración y Administración de Justicia aprobaron el dictamen de la iniciativa “Mariana Lima Buendía”, propuesta por la diputada Jennifer Natalie González López (Morena), con el objetivo de fortalecer la investigación de las muertes violentas de mujeres y niñas en el Estado de México.
La reforma plantea modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México y al Código Penal estatal para establecer que toda muerte violenta de mujeres y niñas deberá investigarse con perspectiva de género, debida diligencia y bajo el protocolo de feminicidio, incluso cuando inicialmente parezca tratarse de un suicidio o un accidente.
Además, la propuesta crea el delito de negación de justicia por razones de género, con el propósito de sancionar a servidores públicos que obstaculicen investigaciones relacionadas con violencia contra las mujeres.
Buscan evitar impunidad en feminicidios
Al presentar el dictamen, la diputada Jennifer Natalie González López señaló que la iniciativa busca fortalecer a las instituciones encargadas de procurar justicia y garantizar que ninguna línea de investigación sea descartada de manera anticipada.
Explicó que la reforma contempla sanciones para actos de corrupción, omisión, negligencia, alteración de pruebas y cualquier conducta que obstaculice la investigación de delitos cometidos contra mujeres.
La legisladora indicó que la propuesta surge de la lucha emprendida por víctimas, familiares y colectivas feministas, entre ellas Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, quien impulsó la reapertura de las investigaciones por la muerte de su hija.
Recuerdan precedente de la Suprema Corte
Durante la discusión, la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) destacó que el caso de Mariana Lima Buendía marcó un precedente en la justicia penal mexicana.
Recordó que el feminicidio de Mariana, ocurrido en Chimalhuacán, fue presentado inicialmente como un suicidio y que, tras años de litigio impulsado por su madre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió en marzo de 2015 una resolución que estableció la obligación de investigar toda muerte violenta de una mujer con perspectiva de género desde el primer momento.
La legisladora también señaló que actualmente el Estado de México mantiene 11 municipios con Alerta de Violencia de Género por Feminicidio y siete con doble alerta por feminicidio y desaparición, entre ellos Ecatepec, Valle de Chalco y Chimalhuacán.
Por su parte, le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández afirmó que la iniciativa representa un avance en la protección de los derechos humanos, la integridad y la dignidad de las mujeres, además de contribuir a evitar el cierre prematuro de investigaciones bajo hipótesis de suicidio sin agotar todas las líneas de indagación.
Prevén sanciones para servidores públicos
La iniciativa establece que el delito de negación de justicia por razones de género será aplicable a funcionarios que obstaculicen investigaciones mediante actos de corrupción, negligencia, omisión u obstrucción.
Las sanciones previstas contemplan penas de cuatro a diez años de prisión, multas de 100 a 150 días y la destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
Durante la sesión, el diputado Octavio Martínez Vargas respaldó la reforma, aunque consideró que aún son necesarios cambios adicionales en la procuración de justicia, entre ellos una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la incorporación de más médicas legistas y la designación de una fiscal mujer.
El dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular por las comisiones legislativas y será turnado al Pleno de la LXII Legislatura para su análisis y eventual votación. En caso de ser avalado y publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, entrará en vigor en el Estado de México.
Datos:
¿Qué propone la iniciativa Mariana Lima Buendía?Establece que toda muerte violenta de mujeres y niñas sea investigada con perspectiva de género, debida diligencia y bajo el protocolo de feminicidio, incluso si inicialmente parece un suicidio o accidente.
¿Qué sanciones contempla la reforma?Prevé penas de cuatro a diez años de prisión, multas e inhabilitación para servidores públicos que obstaculicen investigaciones mediante corrupción, negligencia, omisión o alteración de pruebas.
¿Cuál es el siguiente paso para la iniciativa?El dictamen aprobado por comisiones será turnado al Pleno de la LXII Legislatura para su análisis y eventual votación antes de entrar en vigor.
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