Anticorrupción sanciona a funcionario

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó por un año a Humberto “N”, entonces titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Petróleo, debido a comentarios de carácter sexual, lascivos y sexistas a una funcionaria durante 2023 y 2024.
A través de un comunicado, explicó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso la sanción derivado de las acciones hechas por el Órgano Interno de Control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en las cuales se obtuvieron las pruebas que demostraron la infracción grave.
Detalló que este servidor sancionado tiene derecho a impugnar y, en caso de llevarlo a cabo, dicha dependencia, a cargo de Raquel Buenrostro, defenderá la resolución con la misma firmeza con que fue investigado el caso, en otras palabras, apegado a derecho, respaldado en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de la persona afectada.
Además, invitó a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad a través de la página de internet https://sidec.buengobierno.gob.mx/.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno afirmó su compromiso de cero tolerancia al acoso y a favor de espacios laborales libres de violencia.
La dependencia señaló que este tipo de sanciones forman parte de la estrategia para prevenir y erradicar cualquier forma de violencia, discriminación o abuso de poder dentro de la administración pública federal. Asimismo, destacó que las investigaciones se realizan bajo principios de confidencialidad, imparcialidad y respeto a los derechos de todas las personas involucradas.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reiteró que las conductas de hostigamiento y acoso sexual constituyen faltas graves que afectan el ambiente laboral, vulneran la dignidad de las personas trabajadoras y contravienen los principios éticos que deben regir el servicio público.
Finalmente, recordó que las instituciones federales cuentan con mecanismos de atención y acompañamiento para las víctimas de violencia laboral y de género, con el objetivo de garantizar espacios seguros, promover una cultura de denuncia y asegurar que los casos sean investigados y sancionados conforme a la ley.