El Movimiento Transportista Mexiquense pidió la intervención directa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para atender los problemas que enfrenta el sector y cuestionó la interlocución que mantiene actualmente con la Secretaría de Movilidad del Estado de México.
Durante una conferencia de prensa, integrantes de la organización señalaron que los cambios realizados en la dependencia no se han traducido en mejoras para concesionarios y permisionarios, por lo que solicitaron una revisión de la conducción administrativa del área.
Los transportistas denunciaron presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de funciones dentro de la Secretaría de Movilidad. En particular, señalaron a José Guadalupe Luna Hernández, secretario particular del titular de la dependencia, a quien atribuyen una influencia indebida en decisiones que, sostienen, corresponden exclusivamente al secretario de Movilidad.
También cuestionaron la actuación de Luz María Esparza Martínez, adscrita a la Subsecretaría de Movilidad. Según el movimiento, la funcionaria estaría desempeñando atribuciones que corresponden a la Dirección General del Registro Estatal del Transporte Público, situación que, afirman, ha generado incertidumbre entre los operadores del sector.
Movimiento Transportista Mexiquense pidió la intervención directa de la gobernadora para atender problemáticas / Foto: Archivo AD Noticias
En este contexto, los representantes transportistas consideraron que la interlocución encabezada por Juan Hugo de la Rosa García ya no ha resultado efectiva para resolver las demandas del gremio y plantearon la necesidad de fortalecer los canales de comunicación entre el Gobierno estatal y los concesionarios.
Entre sus principales peticiones se encuentra la separación de los funcionarios señalados, así como la publicación en la Gaceta del Gobierno de mecanismos que permitan acceder a beneficios fiscales y administrativos para facilitar la regularización de concesiones.
Asimismo, solicitaron modificaciones a la normatividad vigente para ampliar de manera extraordinaria a 13 años la vida útil de los vehículos concesionados. Argumentaron que las condiciones económicas actuales dificultan la renovación de unidades dentro de los plazos establecidos por la legislación.
Los transportistas aseguraron que mantendrán una postura de diálogo institucional, aunque insistieron en la necesidad de que la gobernadora intervenga para revisar el funcionamiento de la dependencia y atender las demandas del sector.
Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Movilidad del Estado de México no había emitido una postura sobre los señalamientos realizados por el movimiento.
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