Lo que inició este 3 de junio de 2026 como una movilización pacífica para exigir la destitución de la directora del plantel, Yazmín Lizbeth Vargas González, derivó en una jornada de alta tensión que culminó con uniformados sometiendo a estudiantes, varios de ellos menores de edad.
Las exigencias ignoradas que encendieron el plantel
El descontento no fue un estallido espontáneo. El pliego petitorio de los alumnos y padres de familia exigía la destitución inmediata de la directora y el esclarecimiento de irregularidades graves que, aseguran, ya habían sido notificadas a las autoridades sin obtener respuesta.
Las acusaciones apuntan a una presunta red de venta de narcóticos y extorsión dentro de las instalaciones escolares, sumado a un cobro ilegal de 15 pesos por el uso de sanitarios y un clima de hostigamiento contra docentes y alumnos.
«La directora protege a los que venden droga», relató uno de los estudiantes involucrados en la protesta, quien presentaba una herida sangrante en la cabeza. «Ya tiene varias denuncias por proteger a los que violentan o hacen bullying aquí en la escuela. A las doce nos salimos todos de aquí y empezamos a subir a decir que fuera la directora. Fue cuando llegaron las patrullas».
La protesta por presuntas redes de venta de droga culminaron en el uso de la fuerza pública. / FOTO: AD Noticias
El operativo y el uso de la fuerza
Los testimonios documentan la entrada de policías municipales y estatales al lugar. Diversos testigos afirman que el despliegue policial incluyó el uso de armas de fuego para disuadir la manifestación.
«Entraron los policías y a varios les apuntaron porque querían que se controlaran. Sacaron sus armas y les apuntaron así de frente», detalló un alumno.
Un estudiante narró cómo fue agredido directamente por un oficial tras resguardarse en el área de regaderas, donde los elementos presuntamente rompieron los vidrios. Las voces de auxilio de las madres presentes evidenciaron el nivel de violencia:
«¡Hay varios jóvenes ya detenidos, por favor! Padres de familia de los jóvenes del Conalep, favor de venir a apoyarlos. ¿Cómo es posible que los estén tratando como delincuentes?».
Para Carlos López, profesor de la UACM y especialista en derecho a la protesta y derechos de la niñez, los elementos disponibles apuntan a violaciones graves de los protocolos de actuación.
«Cuando una persona ya no opone resistencia, el uso de la fuerza debe suspenderse de inmediato; si continúa, se viola el principio de proporcionalidad«, explica el académico. «Tratándose de menores de edad, los protocolos obligan a extremar precauciones porque el interés superior de la niñez está por encima de cualquier otro interés. Someter a un alumno entre varios policías sin agotar otras vías es una falla grave al protocolo».
El especialista subraya que la falta de mediación resulta injustificable frente a una protesta de esta naturaleza. «Si los policías sometieron a un alumno que ya estaba neutralizado, o detuvieron a otro mientras jóvenes intentaban protegerlo, se configura un uso desviado de la fuerza. El abuso de autoridad puede perseguirse tanto por la vía penal como por la administrativa».
Las imágenes contrastan con el discurso oficial. / FOTO: RRSS
La versión oficial: detenidos y «sin lesiones»
Mientras los estudiantes contabilizan las agresiones y exigen la liberación incondicional de sus compañeros, el Gobierno de Huixquilucan sostiene una versión institucional enfocada en los daños materiales.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició la carpeta de investigación TLA/TLA/TLA/104/150411/26/06 por los delitos de lesiones y daños a los bienes en contra de dos hombres mayores de edad, identificados como Brayan «N» y Ángel Adrián «N». De manera paralela, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Cometidos por Adolescentes abrió la carpeta TLA/FAD/ADL/104/150329/26/06 por los mismos delitos contra José Miguel «N», de 15 años de edad.
A pesar de los testimonios de los alumnos agredidos y las heridas documentadas en el lugar, la postura oficial sostiene que, durante la certificación, el médico legista manifestó que los dos jóvenes mayores de edad no contaban con lesiones. Lo mismo ocurrió con el menor de 15 años, cuya certificación refiere que no presentaba lesiones al momento de ser presentado.
Por su parte, la Dirección General del Conalep descartó desapariciones; alrededor de las 20:30 horas confirmó que, con base en las listas de asistencia, ningún estudiante del plantel se encuentra en calidad de ausente.
El Gobierno municipal cerró la jornada asegurando que continuará coadyuvando con las investigaciones de las instituciones de procuración de justicia y defensoras de derechos humanos, manifestando su compromiso de mantener la paz «en apego a la ley y la defensa de las garantías individuales».
La brecha entre el escritorio y la calle
Por un lado, carpetas de investigación por daños materiales y reportes médicos que certifican un saldo blanco de lesiones en las instalaciones de la Fiscalía. Por otro, menores de edad denunciando encañonamientos, una comunidad aterrada por presuntas redes de narcomenudeo escolar y madres clamando por la seguridad de sus hijos.
«No es justo que hayan violentado a los alumnos ahí adentro. Y luego en un plantel», reflexiona uno de los estudiantes afectados, quien pide una investigación profunda y de nivel federal, no solo sobre el actuar policial, sino sobre las complicidades que originaron la crisis.
El prolongado silencio de la directora Yazmín Lizbeth Vargas González mantuvo la incertidumbre en la comunidad de San Juan Bautista, hasta que autoridades señalaron que ya había un encargado temporal del plantel. Las investigaciones ahora están en la cancha de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) y la Fiscalía mexiquense. La exigencia ciudadana, sin embargo, ya quedó dictada: justicia para el Conalep 198, investigaciones serias sobre la venta de drogas y cero tolerancia al uso desproporcionado de la fuerza pública contra menores.
Al cierre de esta edición, ni la dirección de los planteles Conalep ni la policía de Huixquilucan han respondido a las solicitudes de este medios respecto a los hechos mencionados en esta nota.
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