Trabajar para poder vivir es la condición de la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, trabajar y no obtener a cambio lo mínimo para adquirir siquiera la canasta básica es a lo que se le llama “pobreza laboral”. De acuerdo con cifras del INEGI, publicadas hace unos días, dicha pobreza descendió del 33.9% al 30.7% en el lapso de un año. Esto quiere decir que el ingreso promedio per cápita de los trabajadores en México pasó en el último año de $196.2 a $266.9 pesos diarios. Si se le mira con los indicadores internacionales para medir la desigualdad social de un país (el Coeficiente de Gini), ésta se redujo se redujo de 0.502 a 0.483 a nivel nacional, lo cual indica que es la ruta correcta, porque la meta de este indicador es llegar a 0, que significa igualdad social plena.
Ahora bien, si se hace lectura distributiva tradicional de estos datos, México da señales de una distribución del ingreso laboral un poco más justa. La masa salarial real aumentó un contundente 17.6%, inyectando más de 66 mil millones de pesos al circuito del consumo popular. El bienestar económico de corto plazo, por ende, ha experimentado una indudable mejoría. En efecto, el INEGI sostiene que el impacto mayor de estas mejoras fue en el sector más pobre y vulnerable. Y aunque estamos hablando de unos 70 pesos de diferencia entre una cifra y otra, este incremento no debe minimizarse por la modestia de sus valores nominales. En el límite inferior de la escala social, este dinero extra representa la diferencia crítica entre la desnutrición severa y la subsistencia básica; se traduce en un margen de alivio emocional para esos hogares y en una ganancia de dignidad al momento de acceder a la canasta alimentaria.
En el límite inferior de la escala social, este dinero extra representa la diferencia crítica entre la desnutrición severa y la subsistencia básica
Pero es necesario entrarle a los detalles de la información del INEGI, porque ahí se esconde un gran problema no resuelto. El informe detalla que el ingreso de la población ocupada informal creció a una tasa anual del 6.6%, superando el 4.1% del sector formal. Si bien el dinamismo de la economía popular —entendida como una red densa de autoempleo, comercio ambulante y apoyo comunitario— funciona como un salvavidas inmediato contra el hambre, en el largo plazo se consolida como una trampa patrimonial.
El verdadero motor que impulsa la desigualdad de una sociedad como la mexicana no radica en los ingresos del trabajo, sino en la disparidad entre la tasa de rendimiento del capital y la tasa de crecimiento económico. En México, aunque un trabajador informal gane más hoy que el año pasado, sus ingresos siguen estando a merced de la incertidumbre cotidiana del mercado callejero. Carece de seguridad social, mecanismos de ahorro para el retiro, fondos de vivienda y seguros por invalidez. En contraste, los poseedores de capital (dinero, propiedades, marcas, fábricas, etc.) obtienen ingresos constantes e incluso crecientes sin ni siquiera aplicar su fuerza de trabajo.
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El trabajador informal (que ya casi llega a 6 de cada 10) vive en un estado de «vulnerabilidad existencial» permanente: el incremento de su ingreso corriente mejora su consumo el día de hoy, pero no se traduce en la acumulación de patrimonio o capital que pueda heredar a las siguientes generaciones. La brecha estructural se mantiene intacta si observamos que un trabajador formal promedio sigue percibiendo casi el doble ($11,157.72 pesos) que uno informal ($5,751.41 pesos).
Luego, si le entra uno a las diferencias regionales se encuentra que persisten los «múltiples Méxicos». En el Estado de México o Querétaro las reducciones en la pobreza laboral rondan el 9%, pero en Chiapas no sólo siguen al último de la fila, sino que, en el último año aumentó la pobreza laboral 1.6 puntos en el último año.
¿Qué es lo que debe entenderse de todo esto? Pues, primeramente, que las cifras del INEGI del primer trimestre de 2026 demuestran que el diseño de ciertas políticas públicas y el dinamismo de los mercados locales han logrado darle un respiro y una necesaria «oxigenación» económica a los hogares más desfavorecidos de México. La reducción de la pobreza laboral y la caída del Gini son triunfos indiscutibles para la calidad de vida inmediata.
Pero al mismo tiempo es un hecho que, con un sector informal económicamente vigoroso pero desprotegido, el envejecimiento paulatino de la población ocupada informal generará una fuerte presión social. Al no contar con pensiones institucionales, las futuras redes familiares tendrán que absorber el costo del cuidado y manutención de los adultos mayores precarizados, lo que podría mermar los ingresos de las nuevas generaciones.
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Y, finalmente, también debe advertirse que, aunque la pobreza laboral continúe disminuyendo marginalmente en los próximos años, la falta de una reforma fiscal progresiva a la riqueza impedirá que las familias de los quintiles más bajos consoliden un patrimonio real. El país corre el riesgo de estabilizarse en un nivel donde la subsistencia alimentaria esté garantizada, pero la movilidad social ascendente permanezca congelada o hasta cancelada.
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