A cinco meses de que inicie formalmente el proceso electoral estatal para renovar ayuntamientos, en Atizapán de Zaragoza la maquinaria gubernamental opera con un rostro visible. Patricia Arévalo Rubio, presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF y esposa del alcalde panista Pedro Rodríguez Villegas, mantiene una exposición pública ininterrumpida sustentada en programas sociales, eventos masivos y la movilización de la estructura administrativa del municipio.
Publicaciones recientes en sus perfiles de redes sociales, fechados entre el 16 y el 25 de mayo de 2026, exponen un patrón sistemático: la entrega de recursos del erario y la realización de obras públicas son capitalizadas bajo su nombre, imagen y marcas personales, alejándose de los lineamientos de propaganda institucional.
El «Salario Familiar» como vehículo de exposición
El eje central de esta operación de visibilidad es el programa social «Salario Familiar». De acuerdo con las publicaciones de la propia funcionaria honoraria del 24 de mayo, este esquema ha dispersado 150 millones de pesos provenientes de la recaudación de impuestos locales, alcanzando a 20,000 familias en su novena entrega.
Sin embargo, la ejecución del programa no se difunde como un logro institucional del Ayuntamiento. Las imágenes muestran a Arévalo Rubio como la figura protagónica en escenarios multitudinarios, entregando personalmente las tarjetas a las beneficiarias bajo el discurso de «actuamos» y «logramos».
Este mecanismo replica el modelo de clientelismo electoral documentado históricamente en el Estado de México: la entrega directa de apoyos económicos en eventos de alta rentabilidad mediática, protagonizados por figuras con aspiraciones políticas a corto plazo.
«Salario familiar» serviría de escaparate para Arévalo. / FOTO: Especial
Movilización de la estructura y eventos focalizados
La estrategia de posicionamiento no se limita a las transferencias directas de efectivo. Durante la tercera semana de mayo de 2026, la agenda pública de Arévalo abarcó distintos sectores del electorado mediante la utilización del aparato gubernamental:
Estructura territorial: el 24 de mayo, encabezó un evento por el Día de las Madres que congregó a 2,000 mujeres, entre ellas liderazgos vecinales y miembros de los Consejos de Participación Ciudadana (COPACIS), operadoras clave en la movilización del voto a nivel de colonia.
Aparato burocrático: el 16 de mayo, personal de Servicios Públicos, Obras Públicas, SAPASA y trabajadores sindicalizados del SUTEYM fueron desplegados en una jornada de limpieza en el Periférico. La acción fue capitalizada en las redes de Arévalo, adjudicándose el trabajo en equipo bajo el eslogan de continuidad «#SigamosCreciendoJuntos».
Educación y recreación: la entrega del distintivo «Centro Escolar Socialmente Responsable 2026» (25 de mayo) a escuelas públicas y privadas, así como eventos masivos de Zumba (17 de mayo) en instalaciones municipales, fueron utilizados para generar contenido fotográfico centrado en su figura.
«El siguiente paso» es uno de los mensajes que usa Arévalo en promocionales. /FOTO:RRSS
El Artículo 134 y las denuncias previas
Las acciones documentadas en Atizapán chocan frontalmente con el Artículo 134 de la Constitución, el cual establece que la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social debe tener carácter institucional y fines informativos. La normativa prohíbe explícitamente incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
La difusión de las actividades del DIF Atizapán omite el carácter institucional al utilizar sistemáticamente la imagen física de la presidenta, acompañada de etiquetas de identificación personal como #PatyArévalo.
Este despliegue mediático no es un hecho aislado de mayo. Desde abril de 2026, reportes ciudadanos y periodísticos en el Estado de México documentaron la aparición de bardas, pendones y lonas en colonias populares de Atizapán con las leyendas «El siguiente paso» y «Paty Arévalo. Presidenta».
La configuración de actos anticipados de campaña, así como la desviación de recursos públicos para la promoción personalizada, son infracciones que corresponden ser fiscalizadas y sancionadas por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Mientras los tiempos legales marcan el mes de septiembre para el inicio del proceso, en Atizapán el presupuesto municipal ya financia una precampaña de facto.
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El ereario dán e Atizap
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