La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que los funcionarios y exservidores públicos municipales detenidos en Morelos están relacionados con el Cártel de Sinaloa, el cual penetró la estructura municipal de dicha entidad mediante el financiamiento de campañas a alcaldes y la intimidación de actores políticos contrarios.
Ulises Lara López, vocero de esta Fiscalía, informó que, derivado de las investigaciones del caso, se identificó la infiltración del crimen organizado en por lo menos ocho ayuntamientos de Morelos, entre los que se encuentran Atlatlahucan, Cuautla y Yecapixtla, gobernados por el PAN, PRI, PRD.
En un mensaje en redes sociales, el también fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes indicó que se cumplimentó orden de captura contra:
Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan, Horacio Zavaleta Malacara, secretario del Ayuntamiento de Cuautla, Jonathan Espinoza Salinas, tesorero de Cuautla, Pablo Portillo Galicia, empresario y Oficial Mayor de Cuautla, Irving Sánchez Zavala, expresidente municipal de Yecapixtla, Arisbel Rubí “La Jefa”, excandidata a la presidencia municipal de Atlatlahucan
De acuerdo con Lara López, dichos detenidos se reunieron con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, operador regional del Cártel de Sinaloa en la zona oriente de este estado, y de quien se sabe ha cooptado e impuesto alcaldes y funcionarios municipales con el fin de operar con libertad e impunidad.
“Es muy importante mencionar que, en 2024, a consecuencia de dichas infiltraciones a estructuras municipales, que tenían el objetivo de obtener permisividad y libertad para cometer actividades delictivas, el estado de Morelos enfrentó diversas situaciones de violencia, en las que se presentaron delitos como extorsión, tal cual lo ha mencionado el Secretario Omar García Harfuch, así como homicidio, narcomenudeo, robo y secuestro, de acuerdo con nuestras investigaciones, además de la disputa entre grupos delictivos”, afirmó Lara López.
Señaló que lo anterior provocó muertes de exalcaldes morelenses, acontecidas en 2022 y otra más en 2023, además de agresiones en contra de aspirantes o candidatos a cargos de elección popular, durante el proceso electoral 2023-2024.
“Estas actividades delictivas generaron que el Ministerio Público Federal iniciara investigaciones conforme a la Ley, que resultaron en la obtención de diversos datos de prueba con los que se pudo confirmar, como ya se ha comentado, la presencia de grupos delictivos dentro de esquemas del orden municipal”, expuso.
Agregó que con base en lo anterior, se efectuaron diferentes diligencias, labores de seguimiento y de campo, que dieron como resultado contar con líneas de investigación robustas y sólidas para actuar con los seis detenidos en el marco de la estrategia nacional contra la extorsión.
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