Organizaciones de familiares de personas desaparecidas y defensoras de derechos humanos afirmaron que el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU convergen en un mismo diagnóstico: México enfrenta una crisis humanitaria de desapariciones generalizadas, con impunidad estructural y responsabilidad estatal por acción u omisión.
En un pronunciamiento, los colectivos y activistas señalaron que ambos organismos internacionales coinciden en que las desapariciones en el país no pueden reducirse a hechos de delincuencia común, pues existen elementos de participación, apoyo o aquiescencia de autoridades en distintos niveles de gobierno.
Recordaron que el informe de la CIDH documenta más de 128 mil personas desaparecidas y no localizadas, así como más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo estatal. Además, el organismo interamericano advierte que en diversos territorios el Estado “no podía desconocer” lo que ocurría.
Las organizaciones destacaron que el CED, mediante el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, concluyó que existen indicios bien fundados de que en México se cometen crímenes de lesa humanidad vinculados con desapariciones sistemáticas.
Ante ello, llamaron a evitar interpretaciones que minimicen las conclusiones de la ONU o que presenten los avances institucionales como eximentes de responsabilidad frente a la impunidad persistente.
Asimismo, exigieron que el gobierno mexicano mantenga el mismo nivel de compromiso mostrado hacia las recomendaciones de la CIDH para atender también el procedimiento abierto por el CED ante la Asamblea General de la ONU.
Las familias y organizaciones convocaron a instalar mesas de trabajo técnicas y políticas con participación del gobierno, organismos internacionales y sociedad civil para diseñar estrategias que incorporen de forma complementaria las recomendaciones de ambos mecanismos internacionales.
Firmaron el posicionamiento las organizaciones Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M), Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C., Justicia Transicional México, Estrategias contra la Impunidad A.C., Consultora Solidaria, Fundación para la Justicia y Tejiendo Redes Infancia, además de las activistas y especialistas Mariclaire Acosta Urquidi, Diana Iris García, Elena Azaola, Michael W. Chamberlin y Juan Martín Pérez García, entre otros.
De acuerdo con las disposiciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y el Instituto…
La Iglesia católica respaldó la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo relativa al análisis…
El personaje detrás de Fernando Flores La fotografía pretendía mostrar respaldo. Terminó revelando una compañía…
El Estado de México se prepara para una de las elecciones locales más importantes de…
La administración de los baños públicos y estacionamientos de los mercados municipales de Toluca genera…