AD publicó hace unos días una nota en la que da cuenta de que la empresa DHL decidió suspender sus operaciones de mensajería en varios municipios del sur del Estado de México —Tejupilco, Luvianos, Amatepec, Tlatlaya y zonas aledañas— desde noviembre del año pasado. Dicha nota resalta que la razón esgrimida por la empresa para tomar tal decisión fue que se trataba de una “zona de alto riesgo” por inseguridad. Miles de habitantes, pequeños comerciantes y familias enteras quedaron de repente desconectados de una de las herramientas básicas del comercio contemporáneo. Este hecho nos revela fenómenos muy graves, vinculados a una globalización selectiva y por eso se puede hablar de la “exclusión logística” como una nueva forma de marginación.
Es un síntoma profundo de un proceso estructural: la reproducción de la desigualdad territorial mediante la violencia organizada.
Hoy en día, recibir o enviar un paquete es cosa común para casi todo mundo. Hemos naturalizado esa herramienta para el comercio y el consumo. Pero que ello no sea posible en una amplia región del territorio estatal nos debe llamar poderosamente la atención. Y es que no estamos hablando de una anécdota logística. Es un síntoma profundo de un proceso estructural: la reproducción de la desigualdad territorial mediante la violencia organizada. Lo que estamos presenciando es la consolidación de una geografía dual dentro de una misma entidad federativa, donde el Estado mexicano pierde capacidad efectiva de gobernanza y el crimen organizado ejerce, de facto, soberanía sobre el territorio y la economía local.
Los mexiquense sabemos que el sur del Edomex es una región caracterizada por altos índices de marginación. Históricamente ha padecido bajos niveles de inversión en infraestructura, con una conectividad deficiente, economías locales basadas en agricultura de subsistencia, pequeña ganadería y comercio informal. Según datos históricos del Consejo Estatal de Población y estudios sobre desigualdad en la entidad, municipios como los mencionados presentan tasas de pobreza y carencias sociales muy superiores al promedio estatal. La población económicamente activa es menor, la carencia de seguridad social elevada y el acceso a servicios básicos limitado.
En contextos de marginación, el e-commerce puede constituirse en una de las pocas ventanas de oportunidad. En distintas regiones del mundo, incluido México, se ha vivido desde hace un par de lustros un boom digital: se proyecta que para 2026 el comercio electrónico represente cerca del 17.7% de las ventas minoristas totales, superando incluso a Estados Unidos en penetración relativa. Las plataformas de venta en línea, el acceso a insumos baratos y la posibilidad de enviar productos locales (artesanías, alimentos, manufacturas pequeñas) ofrecían una vía de integración a la economía nacional y global, especialmente para jóvenes y mujeres en zonas rurales. Esto se aceleró desde los tiempos de la pandemia de Covid-19.
Pero, cuando una empresa tan importante para este tipo de comercio, como lo es DHL, anuncia su retiro de cierta región es previsible un efecto dominó en otras empresas de paquetería, lo cual cierra esa ventana para miles y miles de habitantes de la entidad. No es sólo una decisión arbitraria de una multinacional, sino que hay un cálculo riesgo-rentabilidad. Cuando los transportistas enfrentan bloqueos, extorsiones (“derecho de piso”), robos y amenazas sistemáticas, la lógica del mercado dicta la retirada. El resultado es una nueva capa de desigualdad: se abre una brecha logística-territorial, que se superpone a las ya existentes de ingreso, educación y acceso digital.
El mensaje implícito es devastador: “esta región no es viable para la modernidad económica”.
Detrás de la decisión empresarial opera un fenómeno sociológico más grave: la gobernanza criminal. Grupos como La Familia Michoacana han consolidado control territorial en esta región desde hace años. Extorsionan a productores de aguacate, maíz y otros cultivos, controlan rutas de transporte, imponen precios en materiales de construcción, granjas y hasta paquetería. Operativos recientes han revelado redes que distorsionan mercados enteros, generando sobreprecios de hasta 144% en productos básicos y obligando a comerciantes a comprar o vender en puntos controlados por el grupo.
En términos sociológicos, se tiene que hablar de un sistema alternativo de regulación social y económica. En ausencia de un Estado que garantice el monopolio legítimo de la violencia, actores armados imponen orden —un orden extractivo y violento— y generan reglas que estructuran la vida cotidiana: dónde se puede circular, a quién se le paga, qué negocios sobreviven. Se tiene que hablar, quiérase o no, de una “soberanía fragmentada”, porque aun cuando el Estado nominalmente reclama jurisdicción, su presencia es intermitente y reactiva. Ya hemos visto que, cuando se han puesto en marcha operativos de la autoridad se presentan bloqueos con participación de pobladores (a veces por temor, a veces por cooptación clientelar). Ante un escenario así las empresas privadas, más pragmáticas, simplemente se retiran. El mensaje implícito es devastador: “esta región no es viable para la modernidad económica”.
Lo que se advierte con este tipo de acciones es un círculo vicioso que profundiza la estratificación social. Los costos de la inseguridad y el aislamiento recaen desproporcionadamente sobre los más vulnerables: pequeños productores, mujeres jefas de hogar, jóvenes que intentan emprender y adultos mayores. Quienes tienen recursos (capital social, vehículos propios, redes en zonas urbanas) pueden sortear la dificultad. Los demás quedan más atrapados en economías de subsistencia o informales.
En suma, no podemos ignorar que, en esa región, que está a unos cuantos kilómetros de la capital del estado, se sigue erosionando el capital económico (menos oportunidades de comercio), el capital cultural (menor acceso a bienes y conocimiento vía internet) y el capital social (aislamiento de redes nacionales e internacionales). La región se vuelve menos atractiva para inversión, talento joven y remesas productivas, acelerando la emigración selectiva y el envejecimiento de la población local. Todos ellos son fenómenos que están en curso.
En la sociedad de hoy, cuando alguien queda al margen del e-commerce y la logística, están también al margen de los vectores de movilidad ascendente. Excluir territorialmente a una región equivale a condenar a generaciones enteras a la marginalidad. Los jóvenes enfrentan una disyuntiva cruel: migrar (a menudo a Estados Unidos), incorporarse a economías ilícitas o resignarse a la precariedad.
Cuando una empresa global declara públicamente que un territorio mexicano es “de alto riesgo” e interrumpe servicios básicos, está emitiendo un diagnóstico político. La población percibe abandono. Esta percepción alimenta cinismo, apatía o, en el peor caso, tolerancia pragmática hacia quienes sí proveen “orden” (aunque sea violento).
El capitalismo logístico contemporáneo (DHL, Amazon, Mercado Libre y demás) fluye por donde hay seguridad, infraestructura y rentabilidad. Crea “archipiélagos de prosperidad” conectados al mundo y deja “archipiélagos de marginación” desconectados.
Ignorar estas dinámicas equivale a aceptar un México bifurcado: uno urbano, conectado y en crecimiento; otro rural-periférico, aislado y bajo dominio criminal. La decisión de DHL es solo el síntoma visible. El problema de fondo es la capacidad del Estado mexicano para ejercer soberanía efectiva en todo su territorio y garantizar condiciones mínimas para el ejercicio pleno de la ciudadanía económica y social.
Mientras no enfrentemos con seriedad esta fragmentación, seguiremos produciendo “zonas de alto riesgo” que, en realidad, son zonas de alto abandono. Y cada empresa que se retira, cada joven que emigra, cada familia que se resigna, profundiza la brecha que nos separa como sociedad. La exclusión logística no es un problema de paquetería; es un problema de nación.
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