La admisión oficial de que las obras en el bosque otomí de San Francisco Magú operan en la ilegalidad ha trasladado el peso del conflicto territorial hacia el sistema normativo de la comunidad. Mientras el Ayuntamiento de Nicolás Romero reconoce vía transparencia la ausencia total de permisos, la asamblea general se organiza para asumir la defensa del territorio frente a la ineficacia de las clausuras gubernamentales.
El vacío administrativo quedó expuesto mediante la solicitud de información 00070/NICOROM/IP/2026. En sus respuestas, la Dirección de Desarrollo Urbano y la Dirección de Medio Ambiente municipal confirmaron, tras una «búsqueda exhaustiva», que no existe registro de licencias ni expedientes aprobados para las excavaciones y apertura de zanjas en la zona forestal. Aunque la autoridad inició el procedimiento administrativo 0157/2026, derivando en una suspensión el 25 de marzo de 2026, una verificación realizada apenas dos días después comprobó el quebrantamiento de los sellos.
Para los defensores del bosque, esta actuación oficial es insuficiente. «El ayuntamiento responde que sí hay un procedimiento, pero es omiso en presentar la documentación al respecto», acusó una representante de la Comisión en Defensa del Bosque y la Vida. Esta desconfianza está anclada en un historial de litigios; de acuerdo con la vocería comunitaria, el municipio apeló recientemente una sentencia que le obligaba a realizar una consulta indígena bajo el argumento de que «les salía muy caro».
Por ello, en una reunión sostenida el 6 de mayo de 2026 con funcionarios locales, la Delegación San Francisco Magú firmó un acta estableciendo un límite innegociable: el diálogo no tiene, bajo ninguna circunstancia, carácter de consulta indígena.
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El conflicto se encamina ahora hacia una estrategia de blindaje legal sustentada en los usos y costumbres. La asamblea general planifica un recorrido de reconocimiento físico para recategorizar el polígono como bosque, buscando que los usos de suelo reales sirvan como insumo para el Plan de Desarrollo Urbano Municipal. Mientras el expediente del ayuntamiento transcurre sin emitir sanciones definitivas contra la maquinaria clandestina, la decisión final sobre las zonas de recarga acuífera recaerá en la asamblea comunitaria.
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