En Tlalnepantla de Baz, la seguridad pública se mide en dos planos que no terminan de encontrarse: el de los datos oficiales y el de la experiencia cotidiana. Mientras autoridades municipales y estatales sostienen que la incidencia delictiva ha caído de forma significativa, la mayoría de la población continúa viviendo bajo una percepción de riesgo constante. La contradicción no es menor: es estructural.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, publicada en marzo de 2026, la percepción de inseguridad en el municipio pasó de 83.8% a 74.6%, una reducción de 9.2 puntos porcentuales que coloca a Tlalnepantla entre las ciudades con mayor mejora en el país. En paralelo, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en 2025 los delitos de alto impacto disminuyeron 22%, al pasar de 8,624 carpetas en 2024 a 6,733. El desglose muestra caídas de 56% en robo a casa habitación, 34% en robo a transportista, 29% en homicidio doloso y 20% en extorsión. Datos preliminares de 2026 apuntan incluso a una reducción de hasta 76% en extorsión en los primeros meses del año.
Pese a cifras oficiales, la inseguridad la siguen percibiendo los habitantes.
Pero el dato clave no es la caída, sino el nivel que permanece. Un 74.6% de percepción de inseguridad implica que tres de cada cuatro habitantes siguen sintiéndose inseguros. No es un margen: es una mayoría. Ahí aparece la grieta central del modelo de seguridad: la reducción del delito no está logrando traducirse en una reducción equivalente del miedo.
La estadística es acumulativa; la percepción es episódica. Abril de 2026 expuso con claridad esa diferencia. En ese mes se registraron homicidios a plena luz del día en colonias como Bosques de Ceylán y San Lucas Patoni. Un hombre fue asesinado mientras caminaba por la calle Arboledas; otro fue acribillado por un agresor en motocicleta al salir a comprar cigarros; un repartidor de aplicación fue citado mediante plataforma para ser asaltado y ejecutado. No son cifras, son señales visibles de riesgo que reconfiguran la percepción social.
Otros hechos recientes refuerzan esa sensación de vulnerabilidad. En la zona de Tenayuca, un custodio sufrió un derrame cerebral tras ser golpeado durante un intento de robo. El robo de motocicletas se mantiene activo, operado con frecuencia por grupos de jóvenes. Aunque las autoridades han reportado detenciones de bandas de extorsión, el antecedente de agresiones contra comerciantes, como los disparos al aire en el Mercado del Carmen, mantiene la alerta entre locatarios.
En este contexto, la percepción ciudadana también cuestiona la representatividad de los datos. Cuando una vecina afirma no saber a quién se le aplican las encuestas, no está negando la medición técnica, sino su capacidad de reflejar la realidad cotidiana. En seguridad pública, la legitimidad del dato es tan relevante como su precisión.
INEGI señala una fuerte caída en la inseguridad de Tlalnepantla.
Las cifras pueden registrar una caída, pero no necesariamente capturan la transformación del fenómeno delictivo. Parte de la reducción puede explicarse por cambios en la denuncia, en la clasificación de delitos o en la focalización territorial de la estrategia. El delito no siempre desaparece; en muchos casos se desplaza, se adapta o se vuelve menos visible estadísticamente y más presente en la experiencia social.
En términos de política pública, Tlalnepantla enfrenta un problema de desacople. El gobierno comunica avances medibles en incidencia; la ciudadanía evalúa su entorno a partir del riesgo inmediato. Entre ambos, el dato se convierte en narrativa. Y toda narrativa implica selección.
Hoy conviven dos realidades: una que desciende en los reportes oficiales y otra que persiste en las calles. El problema no es que una sea falsa y la otra verdadera, sino que no coinciden. Y en materia de seguridad, esa distancia no es técnica: es política.
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