El vicefiscal general del Estado de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, uno de los 10 funcionarios y exfuncionarios estatales contra los que pesa una solicitud de detención con fines de extradición por parte de Estados Unidos, se mantiene en el cargo “y en pleno ejercicio de sus atribuciones legales”, sin régimen especial de inmunidad procesal.
A través de un comunicado, la fiscalía estatal indicó que Castro Zaavedra “atenderá cualquier citación o requerimiento o resolución que, en el ámbito de sus competencias, emita la autoridad correspondiente, incluida la Fiscalía General de la República, en estricto apego al marco legal”.
Precisó que lo anterior se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política del estado, así como el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
La fiscalía estatal explica que “el artículo 135 constitucional establece los casos específicos en los que se requiere una declaratoria de procedencia por parte del Congreso del estado para el inicio de acciones legales, sin contemplar el cargo de vicefiscal general del estado”.
Agregó que el artículo 9 de la Ley Orgánica define la estructura interna de la institución, incluyendo a las vicefiscalías, “como órganos que forman parte de su integración administrativa, sin otorgarles un régimen especial de inmunidad procesal”.
De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Dámaso Castro Zaavedra recibió sobornos mensuales por parte de Los Chapitos. A cambio, el vicefiscal brindaba protección a integrantes de dicho grupo criminal para evitar que fueran arrestados. También les informaba de operativos respaldados por autoridades estadounidenses, que tenían como objetivo los laboratorios de droga.
Permanece en el cargo vicefiscal de Sinaloa
