Vecinos de Lomas de las Palmas e Interlomas acusaron al gobierno municipal de Huixquilucan, encabezado por Romina Contreras, de favorecer un desarrollo inmobiliario en la Barranca La Pastora, pese a que el proyecto carece de permisos federales y enfrenta un fallo judicial en contra desde 1997.
El desarrollo, denominado Legacy Residencial & Club, contempla 928 departamentos en cuatro torres de 34 niveles y 25 viviendas adicionales en una zona de valor ambiental ubicada en los límites con la alcaldía Cuajimalpa.
De acuerdo con testimonios vecinales, el Ayuntamiento inició trabajos de repavimentación en calles de Lomas de las Palmas, que no habían sido intervenidas en décadas, y que ahora —afirman— buscan habilitar el acceso de maquinaria pesada al complejo.
Vecinos de Lomas de las Palmas protestaron contra el acceso al desarrollo Legacy Residencial & Club por calles que consideran insuficientes.
A ello se suma la denuncia por la perforación de un pozo en Fuente de los Olivos sin que se hayan presentado públicamente los permisos correspondientes, lo que, según los colonos, formaría parte de la infraestructura para abastecer al desarrollo.
Los vecinos sostienen que el proyecto no ha acreditado autorizaciones de la Comisión Nacional del Agua ni de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, necesarias por tratarse de una zona con carácter federal.
Además, recuerdan que el mismo proyecto fue invalidado en tribunales en 1997, cuando un órgano judicial confirmó la cancelación de los permisos, lo que, argumentan, constituye un antecedente legal que impediría su reactivación.
La inconformidad escaló el pasado 30 de abril, cuando colonos se manifestaron en Bulevar Anáhuac. La movilización fue contenida por policías municipales y, de acuerdo con reportes vecinales, se disolvió tras la presencia de un presunto grupo de choque.
En redes sociales y pronunciamientos públicos, los manifestantes han vinculado el avance del proyecto con decisiones políticas de la administración municipal, en un contexto de expansión inmobiliaria sostenida en el corredor poniente del Valle de México.
Los vecinos anunciaron que preparan nuevas acciones legales para frenar el desarrollo, al considerar que no cumple con los requisitos ambientales ni jurídicos.
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