La eliminación de la prisión vitalicia en el Estado de México no solo modifica el marco penal, sino que obligará a revisar decenas de sentencias ya dictadas, debido a la aplicación retroactiva de la reforma en beneficio de las personas condenadas.
Aunque el decreto fue aprobado desde el 10 de abril, su publicación hasta el 28 permitió que en ese lapso se dictaran nuevas condenas bajo el esquema anterior, ampliando el número de casos que ahora deberán ser resentenciados.
Revisión de sentencias
Uno de los puntos centrales de la reforma es su aplicación retroactiva, lo que implica que jueces deberán revisar los casos en los que se impuso prisión vitalicia.
La ley establece que, mediante un procedimiento incidental, la autoridad jurisdiccional analizará cada caso y ajustará las penas conforme al grado de culpabilidad y los nuevos parámetros legales.
Esto obligará al Poder Judicial a emitir nuevas resoluciones para quienes actualmente cumplen este tipo de condena.
Nuevos límites de prisión
Con la eliminación de la prisión vitalicia, ninguna persona podrá ser condenada a más de 70 años de prisión.
Asimismo, se reduce la pena para extorsión agravada, que ahora tendrá un máximo de 40 años.
Los delitos que antes contemplaban prisión vitalicia quedan con los siguientes rangos:
Homicidio calificado: de 25 a 70 años
Homicidio contra familiares: de 40 a 70 años
Homicidio de dos o más personas: de 25 a 70 años
Homicidio con odio o crueldad: de 40 a 60 años
Violación con participación de dos o más personas: de 40 a 70 años
Violación con resultado de muerte: de 40 a 70 años
Robo con resultado de muerte: de 25 a 70 años
En el caso de la extorsión agravada, la pena se fija entre 15 y 40 años de prisión.
Impacto en casos vigentes
La reforma impactará directamente en al menos 40 casos en el Estado de México, aunque la cifra podría aumentar.
El magistrado Fernando Díaz en declaraciones pasadas señaló que hay 42 casos en el Edomex con sentencia de prisión vitalicia
Entre los casos emblemáticos se encuentran sentencias por feminicidio y homicidio como las dictadas contra de Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el “Caníbal de Atizapán” y Óscar García Guzmán, apodado el “Monstruo de Toluca”.
Sin embargo, en días recientes, debido al retardo de la publicación de la reforma, se emitieron al menos 3 condenas superiores a 100 años de prisión por delitos como secuestro exprés y homicidio, lo que refleja la necesidad de ajustar los criterios de punibilidad.
El pasado 23 de abril se publicó una sentencia de 150 años de prisión en contra de Adrián Mauricio Sánchez Mitre, ex comisionado de Seguridad Pública de Nicolás Romero por el delito de secuestro exprés con fines de robo y extorsión.
El 17 de abril, se obtuvo una sentencia condenatoria por 110 años en contra de Ángel Oswaldo González Soto, Josué Hernández Barrera, Erson Montero Santamaria, Oscar Alexis García Parente, Héctor Rodríguez Nava, luego de acreditar su responsabilidad en el delito de secuestro exprés con fines de robo contra transportistas de cigarros cuando circulaban por la carretera México – Querétaro a la altura del municipio de Jilotepec.
Ese mismo día también se obtuvo sentencia de condena de 120 años de prisión en contra de Marlon Jesús Fiesco Nuño, integrante de un grupo delictivo con orígenes en Jalisco, tras acreditar su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de tres hombres, quienes fueron privados de la vida el 14 de noviembre del año 2024, en Chalco.
Contexto y antecedentes
La prisión vitalicia fue incorporada en el Estado de México en 2011; sin embargo, su eliminación responde a la necesidad de garantizar proporcionalidad en las penas y respetar estándares constitucionales.
La prisión vitalicia para el delito de feminicidio fue propuesta por el entonces gobernador Eruviel Ávila Villegas y, en noviembre del 2011, los legisladores avalaron la reforma al Código Penal del Estado de México, con lo que la entidad se convirtió en la primera en el país, en establecer esta pena para ese tipo de delito.
La primera pena vitalicia se dictó en contra de Jorge Hilario Avilés, por el feminicidio en contra de quien fuera su esposa, Anabel Rodríguez Becerril, cometido el 20 de abril de 2012 en Toluca.
Carga para el Poder Judicial
Con la entrada en vigor del decreto, el Poder Judicial deberá revisar y emitir nuevas resoluciones, lo que implicará una carga operativa y económica adicional.
No obstante, la reforma establece que estos ajustes deberán realizarse con los recursos presupuestales ya asignados, sin generar gasto extraordinario.
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