MÉXICO.- El gobernador Rubén Rocha Moya rechazó las acusaciones del gobierno estadounidense en su contra, además aseguró que es un ataque “al movimiento de la Cuarta Transformación”. Y posteriormente, comentó que “no va a pasar nada”.
Tras las acusaciones anunciadas ayer contra su persona y otras nueve personas, entre funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluyendo al vicefiscal Dámaso Castro Saavedra y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.
En un mensaje publicado en redes sociales, el gobernador expuso que demostrará que las imputaciones “carecen de veracidad y fundamento”, y las calificó de calumnia.
Señaló que se trata de un ataque “al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”, y denunció una “perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional”.
Después, en Culiacán, dijo que está tranquilo, que “no va a pasar nada”, y señaló que ya habló con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Aseguró que seguirá su agenda de trabajo y precisó que no ha recibido ninguna notificación por parte del gobierno de Estados Unidos, en el sentido de que su visa haya sido cancelada.
Por su parte, la Físcalía de Sinaloa se pronunció:
“
“En México rige el principio de presunción de inocencia, por lo que ninguna persona puede ser considerada responsable sin que medie resolución de autoridad judicial competente”.”.
Acerca de la acusación en contra de diversos servidores públicos, expuso que será competencia de la Fiscalía General de la República “determinar, con base en datos de prueba, la procedencia legal de las mismas”.
El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también rechazó los señalamientos; dijo que no tienen fundamento y agregó que siempre ha actuado “con apego a la legalidad”.
Luego de que se hiciera pública la acusación, la Cancillería informó a través de un comunicado que, de acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional, se turnó la información recibida a la FGR para que se evalúen las solicitudes de extradición.
Resaltó que “los documentos que fueron recibidos [por] parte de la Embajada de Estados Unidos… no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”.
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