La acusación también alcanza a mandos de seguridad y exfuncionarios de distintos niveles, señalados por integrar una red de protección hacia el Cártel.
Washington/Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra once funcionarios -en activo y exservidores públicos- del estado de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, por su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa en el tráfico internacional de drogas.
De acuerdo con la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York, los implicados habrían conspirado con líderes de la organización criminal para facilitar el envío de grandes cantidades de narcóticos hacia territorio estadounidense, a cambio de sobornos millonarios, protección política y respaldo institucional.
El anuncio fue encabezado por el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la Drug Enforcement Administration (DEA), Terrance C. Cole. El caso quedó a cargo de la jueza federal Katherine Polk Failla.
Señalamientos y delitos imputados
En la acusación se incluye a funcionarios de distintos niveles de gobierno y corporaciones de seguridad, a quienes se les atribuyen delitos relacionados con tráfico de drogas, uso de armas de fuego y participación en actividades criminales vinculadas al cártel.
En particular, al gobernador Rubén Rocha Moya se le imputa conspiración para la importación de narcóticos, así como posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos. De ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Además, uno de los acusados, Juan Valenzuela Millán, es señalado por el presunto secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta.
Red de protección y corrupción
Según los documentos judiciales, los once implicados habrían integrado una red de protección al Cártel de Sinaloa, particularmente a la facción conocida como Los Chapitos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los funcionarios proporcionaban información confidencial sobre operativos de seguridad, ordenaban a corporaciones policiales resguardar cargamentos de droga y permitían la operación del grupo criminal sin intervención, a cambio de pagos constantes.
Incluso, la fiscalía asegura que Rocha Moya habría sido electo con apoyo de esta facción criminal, la cual presuntamente intimidó a rivales políticos, y que sostuvo reuniones con sus líderes antes y después de asumir el cargo en noviembre de 2021.
Operación internacional
La acusación también describe una red internacional de tráfico de drogas que involucra a productores en Colombia y Venezuela, redes criminales en Centroamérica y Sudamérica, así como proveedores de precursores químicos en China, con el objetivo de distribuir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos.
Mensaje de autoridades
El fiscal Clayton señaló que el caso evidencia que organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa “no podrían operar con tal libertad sin la complicidad de funcionarios corruptos”.
Por su parte, el titular de la DEA afirmó que esta organización “se vale de la corrupción para sostener sus operaciones” y advirtió que las investigaciones continuarán para desmantelar estas redes.
Contexto de la investigación
El Departamento de Justicia indicó que esta acusación forma parte de una serie de procesos iniciados desde 2023 contra integrantes y colaboradores del Cártel de Sinaloa, en los que ya se ha imputado a más de 30 personas, incluidos miembros de alto nivel.
Asimismo, destacó la cooperación binacional con el Gobierno de México y el trabajo conjunto con distintas agencias estadounidenses en el desarrollo de la investigación, en un contexto de combate a redes de tráfico que operan a escala internacional.
Datos
¿Por qué EU acusa a funcionarios de Sinaloa?Porque, según la fiscalía, habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y protección.
¿Qué delitos se le imputan a Rubén Rocha Moya?Se le acusa de conspiración para importar narcóticos y de posesión y conspiración para poseer armas de alto poder y explosivos.
¿Qué revela la investigación sobre la red criminal?Que existía una estructura de protección integrada por funcionarios que filtraban información, resguardaban cargamentos y permitían la operación del cártel sin intervención.
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