El Gobierno municipal de Calimaya decidió no renovar los comodatos en conjuntos urbanos, una medida que abrió un conflicto con colonos por el control de servicios, áreas comunes y representación interna en fraccionamientos como Villas del Campo.
El secretario técnico del Ayuntamiento, Alejandro Mendoza Valdés, explicó que la decisión responde a la necesidad de regularizar la prestación de servicios públicos, al señalar que la figura del comodato, conforme al Código Civil, permite únicamente la cesión de bienes y no de servicios como seguridad, recolección de basura, alumbrado, agua o drenaje.
“El tema es que siempre se hicieron las cosas de manera irregular, porque administraciones pasadas fueron permitiendo estos vicios”, afirmó.
Añadió que algunos esquemas de seguridad privada operan fuera de norma, ya que para ser legales deben estar registrados ante el C5 y ser prestados por empresas certificadas por el Estado.
Villas del Campo: conflicto por control y representación
En el caso de Villas del Campo, el municipio señala que el problema no se limita al comodato, sino a disputas internas entre grupos vecinales.
El funcionario afirmó que la administración del conjunto fue vista por algunos habitantes como un negocio, lo que derivó en cuestionamientos sobre el manejo de recursos y la representatividad de quienes encabezan la organización.
Indicó que la solución pasa por convocar a una nueva asamblea vecinal para renovar la mesa directiva, conforme a la Ley de Condóminos, que establece periodos de uno a dos años para estos órganos.
“Solamente hasta que haya una representatividad es cuando va a poder resolverse el problema; lo otro es una lucha de poderes”, señaló.
El Ayuntamiento precisó que su facultad se limita a registrar los libros de actas y validar a las mesas directivas, sin intervenir en los procesos internos de los residentes.
Servicios públicos y límites legales
En materia de servicios, el gobierno municipal sostuvo que para concesionarlos se requiere un procedimiento formal aprobado por Cabildo, en el que el municipio se declare sin capacidad para prestarlos y posteriormente convoque a licitación pública.
Mientras esto no ocurra, indicó que continuará brindando servicios parciales en algunos desarrollos.
En Villas del Campo, por ejemplo, el municipio recolecta basura dos veces por semana, mientras la administración interna cubre el resto; también atiende espacios públicos como parques y camellones, mientras otras áreas se mantienen con cuotas vecinales.
“Nosotros estamos obligados, específicamente en el tema de seguridad pública, y lo hacemos, porque ese servicio no es concesionable por nada del mundo”, afirmó.
Actualmente, solo un conjunto urbano mantiene comodato vigente: Valle de las Fuentes, renovado por un año. En El Pedregal, la administración interna opera aún bajo un acuerdo verbal heredado de la desarrolladora.
Acusaciones de colonos: presión y posibles intereses
La Asociación de Colonos de Villas del Campo, que afirma representar a más de tres mil familias, denunció presuntas presiones del Ayuntamiento para entregar áreas comunes y modificar el control interno del conjunto.
Su representante legal, Fernando Tonatiuh Mendoza García, sostuvo que la negativa a renovar comodatos forma parte de un esquema más amplio aplicado en otros fraccionamientos.
Además, acusó que se ha condicionado la renovación a la entrega de bienes y que existen intentos de introducir empresas vinculadas con exfuncionarios municipales, como Bernardo Izquierdo Luna, exdirector de Desarrollo Urbano.
Por estos hechos, indicó, se han presentado al menos cuatro denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
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Respuesta del Ayuntamiento
El secretario técnico rechazó cualquier acto de presión y afirmó que la postura del gobierno municipal ha sido únicamente informar sobre la no renovación de los comodatos.
“Nosotros los citamos para decirles que no se renovaría el comodato… ahí sucedió el enojo”, explicó.
Respecto a posibles actos irregulares de exfuncionarios, señaló que, en caso de comprobarse, la responsabilidad recaería de manera individual.
“Si hubo un director que quiso hacer negocio, que la responsabilidad vaya sobre él, el presidente no tiene nada que ver”, concluyó.
Qué cambió (y por qué importa)
La decisión de no renovar comodatos modifica el esquema bajo el cual operaban diversos fraccionamientos en Calimaya, al trasladar al municipio el control de servicios que durante años fueron administrados por organizaciones vecinales.
El conflicto no solo es legal: abre una disputa por representación, manejo de recursos y control territorial dentro de los conjuntos urbanos.
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