El robo a transporte de carga en el Estado de México es un delito ampliamente documentado, pero rara vez coloca en el centro a mandos policiales en activo. La noche del 21 de abril, un operativo conjunto en Jilotzingo derivó en la detención del director de Seguridad Ciudadana municipal y cinco de sus elementos.
Lo que ocurrió después no solo abrió una investigación penal, sino también un choque de versiones entre autoridades estatales y el gobierno municipal.
La versión del operativo
De acuerdo con reportes oficiales, los hechos iniciaron en la carretera Naucalpan-Ixtlahuaca, donde un grupo armado interceptó un tractocamión cargado con neumáticos, obligó al conductor a descender y disparó contra la escolta.
El reporte al 911 activó el rastreo satelital de la unidad.
El Operativo Argos, integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, ubicó el vehículo en la colonia Santa María Mazatla, dentro de Jilotzingo. Al llegar, los agentes encontraron a cinco policías municipales traspasando la carga a una camioneta particular, mientras una patrulla bloqueaba la visibilidad.
Minutos después arribó al sitio Víctor Mendoza Landgrave, director de Seguridad municipal. Según la versión de autoridades estatales, el mando se identificó e intentó ofrecer dinero para evitar la detención de los oficiales, por lo que fue asegurado en el lugar.
En total, fueron detenidos cinco policías municipales, cuatro civiles y el propio director. Se aseguraron patrullas, armas de fuego de cargo y la mercancía.
La versión del Ayuntamiento
Mientras los detenidos eran trasladados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el gobierno municipal difundió un comunicado con una versión distinta.
Según el Ayuntamiento, un repartidor detectó el tráiler “aparentemente abandonado” y dio aviso a la policía municipal, que acudió para realizar un “aseguramiento preventivo”.
La camioneta involucrada, señala el documento, pertenecería al ciudadano que brindaba apoyo para retirar objetos que obstruían el paso. Además, el comunicado sostiene que la Policía Estatal llegó posteriormente para integrarse al operativo.
El gobierno municipal aseguró su disposición para colaborar con las investigaciones, pero no mencionó la detención de su director de seguridad ni de los elementos municipales.
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Un caso que abre más preguntas
El contraste entre ambas versiones coloca el foco en la actuación de la corporación local y en los protocolos de operación durante el aseguramiento de unidades robadas.
Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha informado si los elementos involucrados contaban con exámenes de Control de Confianza vigentes, requisito obligatorio para las corporaciones policiales.
Antecedentes bajo revisión
El caso se suma a señalamientos previos contra la policía municipal.
En agosto de 2025, el caso de Yolanda Chávez —una comerciante agredida por elementos municipales— fue difundido en video. En ese momento, el gobierno local negó las agresiones.
A ello se agregan denuncias vecinales sobre presuntas extorsiones vinculadas a servicios de grúas concesionados en el municipio.
En el caso reciente, versiones extraoficiales apuntan a posibles vínculos entre algunos de los detenidos y entornos cercanos a la administración municipal; sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial.
Un punto estratégico en el mapa del delito
El Estado de México concentra el mayor número de robos a transporte de carga a nivel nacional, con más de 23 mil carpetas de investigación en 2025.
Aunque municipios como Tlalnepantla o Ecatepec concentran la mayor incidencia, zonas como Jilotzingo funcionan como rutas secundarias estratégicas por su conectividad.
Hasta antes de este operativo, el municipio no figuraba entre los principales focos de este delito.
La investigación en curso
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Robo al Transporte de Carga, que integra la carpeta correspondiente por robo con violencia.
El Ministerio Público determinará su situación jurídica en las próximas horas.
El caso abre una investigación sobre la posible participación de elementos municipales en delitos de carga y sobre el uso de recursos públicos en estas actividades.
Será la Fiscalía estatal la que determine el alcance de las responsabilidades y si existen más funcionarios involucrados.
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