El huachicol en el Estado de México y en Hidalgo mantiene una constante: aunque cambian los detenidos y las redes, los corredores siguen activos. El desmantelamiento reciente de una estructura con 14 detenidos y capacidad para mover hasta 1.5 millones de litros por semana no aparece como un punto final, sino como otro episodio dentro de una actividad que se recompone sobre las mismas rutas.
La propia dimensión del operativo reciente ayuda a entenderlo. En la célula que operaba entre Hidalgo y Estado de México, autoridades federales reportaron siete detenidos, entre ellos el presunto líder, además del aseguramiento de 150 mil litros de gas LP, 61 cisternas, medio millón de pesos en efectivo, armas y equipo tecnológico.
En paralelo, la Fiscalía General de la República informó la detención de seis personas ligadas al llamado huachicol fiscal y la identificación de más de 40 empresas que simularon operaciones por 23 mil millones de pesos. En conjunto, no se trata sólo de ordeña de ductos, sino de una estructura que mezcla robo, almacenamiento, transporte, facturación falsa y colocación del combustible en circuitos comerciales.
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Del ducto al esquema financiero
Ese es uno de los cambios más relevantes del fenómeno. El huachicol ya no se explica únicamente por perforaciones clandestinas, sino también por los llamados petrofactureros: empresas fachada o prestanombres que sirven para simular compra y venta legal de hidrocarburos, emitir facturas, mover dinero y dar apariencia formal a un producto de origen ilícito.
La FGR ubicó esta parte del esquema en entidades como Tamaulipas, Querétaro y Jalisco, lo que confirma que la operación no termina en el ducto, sino que continúa en el terreno fiscal y financiero.
En ese mismo operativo, entre los detenidos se identificó a Mauricio “N”, alias “El Burras”, señalado como operador logístico de la red, así como a Jorge “N” y Lorenzo Javier “N”, empresarios vinculados a gaseras, presuntamente responsables de lavar dinero y facturar el hidrocarburo robado.
Antecedentes y seguimiento parcial
Pero el punto de fondo no es sólo lo ocurrido en días recientes, sino lo que pasó después del operativo anterior. En junio de 2025, autoridades federales anunciaron otro golpe de alto perfil contra una red de huachicol con 32 detenidos en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Querétaro.
En Ixtlahuaca se realizaron cuatro cateos con 15 arrestos, entre ellos Cirio Sergio “N”, identificado como uno de los responsables de coordinar el traslado del hidrocarburo, y Luis Miguel “N”, alias “Flaco de Oro”, señalado como otro de los líderes.
En ese caso sí existe un rastro posterior: el 10 de julio de 2025 se informó la vinculación a proceso de Cirio Sergio Rebollo Mendoza, “Don Checo”, junto con otros 15 detenidos, por delitos como delincuencia organizada en materia de hidrocarburos. Meses después, en septiembre, seguía en un penal federal.
Sin embargo, sobre el resto de los detenidos no hay un seguimiento público detallado. No se precisa cuántos enfrentaron proceso, si hubo liberaciones o si las investigaciones continúan abiertas.
Reconfiguración de las redes
El operativo reciente fue presentado como un golpe contra una organización que había heredado el control del robo y distribución de combustible tras la captura de “Don Checo”. Es decir, menos de un año después, otra estructura ya ocupaba ese espacio.
Ahí está el dato clave: las detenciones no cerraron el circuito, sólo dieron paso a su reconfiguración.
Una geografía del delito que se repite
El rastro territorial confirma ese patrón. Con base en datos de Petróleos Mexicanos sistematizados por IGAVIM, en 2025 se registraron 9 mil 366 tomas clandestinas en el país. Hidalgo concentró 2 mil 660, equivalente al 28.4% del total nacional.
En el primer trimestre de ese año, Hidalgo reportó 610 tomas clandestinas y el Estado de México 95. A nivel municipal destacan Axapusco con 31 tomas, Otumba con 4 y Ecatepec con 3.
Los corredores más expuestos no son nuevos. En el Estado de México, la franja de Acolman, Tezoyuca, Otumba, Axapusco, Nopaltepec, Tecámac, Zumpango, Huehuetoca, Apaxco y Tequixquiac aparece de forma recurrente en reportes. En Hidalgo ocurre lo mismo con Tula de Allende, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río, Tlahuelilpan, Ajacuba, Tlaxcoapan y Atitalaquia.
Operativos recientes y continuidad del fenómeno
A este contexto se suma otro operativo en Temoaya, donde se aseguraron más de 74 mil litros de hidrocarburo en un predio del ejido de Allende. La intervención derivó de una investigación iniciada tras la detención de seis personas y una denuncia de Pemex.
Durante el cateo se aseguraron contenedores, vehículos y maquinaria, mientras la situación jurídica de los detenidos sigue en proceso.
Un mercado ilegal de alto impacto
El problema no se limita al robo físico. El Observatorio Ciudadano de Energía estimó que en 2025 el huachicol fiscal generó pérdidas por alrededor de 123 mil millones de pesos para el Estado mexicano, entre contrabando y evasión de impuestos.
Visto así, el fenómeno no se reduce a tomas clandestinas, sino a una economía ilegal con impacto directo en las finanzas públicas.
Un fenómeno que se reorganiza
El operativo reciente funciona más como contexto que como desenlace. Aunque se decomisan pipas, combustible y equipo, los corredores vuelven a operar porque la estructura no depende de un solo líder.
Se fragmenta, se desplaza y se recompone.
El hecho no es sólo que haya nuevos detenidos. El hecho es que el huachicol sigue operando en los mismos puntos, sobre las mismas rutas y con mecanismos cada vez más sofisticados.
Los operativos detienen personas y desmantelan células, pero hasta ahora no han impedido que la actividad se restablezca.
El problema no desaparece: se reorganiza.
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